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La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.Tema 22.

    La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

    En este tema hablamos sobre La Ley 4/2015 , de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito.

    Ámbito

    La Ley 4/2015, de 27 de abril, sobre el Estatuto de la víctima del delito, tiene un alcance bastante amplio. Básicamente, se aplica a todas las personas que hayan sido víctimas de delitos en España o que puedan ser procesados legalmente en este país, sin importar su nacionalidad, edad o estatus legal de residencia. Esto significa que brinda protección y derechos a cualquier persona afectada por un delito dentro del territorio español, garantizando su consideración como víctima y proporcionándoles el acceso a ciertos servicios y apoyos establecidos por esta ley.

     Concepto general de víctima

    Como víctima directa se considera a cualquier individuo que haya experimentado daño o perjuicio, ya sea físico, emocional o económico, como resultado directo de un delito. Esto abarca desde lesiones físicas o psicológicas hasta daños emocionales o pérdidas económicas causadas por la comisión del delito.

    Por otro lado, se reconoce como víctima indirecta en casos de muerte o desaparición de una persona como consecuencia directa de un delito. Aquí se incluyen, en primer lugar, al cónyuge no separado legalmente o de hecho, a los hijos de la víctima o del cónyuge no separado legalmente o de hecho que vivieran con ellos en el momento de la muerte o desaparición, así como a aquellos que mantuvieran una relación similar de afectividad. Además, se extiende a progenitores, parientes hasta el tercer grado de parentesco en línea recta o colateral que estuvieran bajo su guarda, tutela, curatela o acogimiento familiar.

    Es importante destacar que esta ley no se aplica a terceros que hayan sufrido perjuicios derivados del delito, centrándose específicamente en las personas directamente afectadas por las consecuencias de un acto delictivo.

    Derechos de las víctimas

    Derechos generales:

    • Protección integral que incluye información, apoyo, asistencia, atención y participación activa en el proceso penal.
    • Trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde el primer contacto con las autoridades hasta después de la conclusión del proceso penal.

    Derechos básicos:

    • Derecho a ser entendida mediante comunicaciones claras y adaptadas a sus necesidades.
    • Asistencia para facilitar la comprensión ante las autoridades, incluyendo interpretación en lenguas de signos reconocidas legalmente y medios de apoyo para la comunicación.
    • Derecho a la información desde el primer contacto con las autoridades, abarcando aspectos como medidas de asistencia disponibles, derechos para denunciar, asesoramiento legal, medidas de protección, indemnizaciones, servicios de interpretación y traducción, entre otros.
    • Derechos al presentar una denuncia, incluyendo el acceso a una copia certificada de la denuncia y asistencia lingüística gratuita si no se habla el idioma oficial.
    • Derecho a recibir información sobre el proceso penal, incluyendo detalles relevantes como la fecha, hora y lugar del juicio, contenido de la acusación, resoluciones judiciales y medidas cautelares relacionadas con la seguridad de la víctima.
    • Período de reflexión de 45 días tras eventos que afecten a un elevado número de víctimas, durante el cual los abogados y procuradores no pueden ofrecer servicios a menos que las víctimas lo soliciten expresamente.
    • Derecho a traducción e interpretación para aquellos que no hablen el idioma oficial del procedimiento, con acceso gratuito a intérpretes y traducción de documentos esenciales.
    • Acceso a servicios de asistencia y apoyo gratuitos y confidenciales proporcionados por las Administraciones públicas y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas.

    Medidas de protección a la víctima

    Artículo 19. Derecho de las víctimas a la protección:

    • Las autoridades involucradas en la investigación y persecución de delitos deben garantizar la vida, integridad física y mental, libertad, seguridad, intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares.
    • Especial atención a víctimas menores de edad, adoptando medidas para proteger su interés superior durante el proceso.

    Artículo 20. Evitar contacto entre víctima e infractor:

    • Se deben organizar las dependencias judiciales para evitar el contacto directo entre víctimas o familiares y el sospechoso o acusado, conforme a la ley y sin perjudicar otras disposiciones.

    Artículo 21. Protección durante la investigación:

    • Declaraciones a las víctimas deben realizarse sin dilaciones injustificadas.
    • Se limitará el número de veces que las víctimas declaren, haciéndolo solo cuando sea estrictamente necesario para la investigación.
    • Las víctimas pueden estar acompañadas por una persona de su elección durante diligencias, salvo resolución en contrario.
    • Los reconocimientos médicos se realizarán solo si son imprescindibles para el proceso penal.

    Artículo 22. Protección de la intimidad:

    • Autoridades judiciales y funcionarios adoptarán medidas para proteger la intimidad de las víctimas y sus familiares, evitando la difusión de información que permita su identificación, especialmente en casos de víctimas menores de edad o con discapacidad.

    Artículo 23. Evaluación individual de necesidades de protección:

    • Se realizará una evaluación de las necesidades de protección considerando las circunstancias personales de la víctima, la naturaleza del delito y el riesgo de reiteración del mismo.
    • Las víctimas menores de edad recibirán especial consideración teniendo en cuenta su situación personal, edad, género, discapacidad y madurez.

    Artículo 24. Competencia y procedimiento de evaluación:

    • La valoración de las necesidades y medidas de protección serán responsabilidad de jueces, fiscales y otros funcionarios involucrados en la investigación y juicio.
    • Se garantiza la participación de las víctimas menores de edad o con discapacidad en la evaluación de sus necesidades.

    Artículo 25. Medidas de protección durante la investigación y juicio:

    • Medidas como la toma de declaraciones en lugares adaptados, por profesionales capacitados o del mismo sexo, y la limitación de preguntas irrelevantes serán consideradas durante la investigación.
    • Durante el juicio, se pueden evitar contactos visuales entre la víctima y el acusado, así como permitir declaraciones a distancia y restringir preguntas intrusivas.

    Artículo 26. Medidas de protección para menores y personas con discapacidad:

    • Se adoptarán medidas adicionales para evitar perjuicios durante la investigación y juicio en casos que involucren a víctimas menores de edad o con discapacidad, como grabaciones de declaraciones o la designación de un defensor judicial en casos específicos.

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    Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del delito

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