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Noción de Derecho Procesal Penal. Tema 21.Concepto de jurisdicción y de competencia

    Noción de Derecho Procesal Penal. Concepto de jurisdicción y de competencia

    Derecho Procesal Penal

    El Derecho Procesal Penal es una rama del Derecho que se encarga de regular el conjunto de normas y principios que gobiernan el proceso penal. Se concentra en las normativas que rigen desde el momento en que se comete un delito hasta la culminación del proceso judicial, ya sea mediante la sanción correspondiente o la resolución del conflicto por parte del Estado.

    El Derecho Procesal Penal representa el camino a seguir para aplicar el ius puniendi, que es la potestad del Estado para restablecer el orden jurídico alterado, castigando los delitos según lo establecido en el Código Penal. Esto asegura que los ciudadanos afectados por actos delictivos reciban justicia, eliminando la justicia por mano propia. Sin embargo, dado lo serio de las consecuencias en los procesos penales, se aplican ciertas garantías procesales para evitar abusos y asegurar un proceso justo. Estos procesos penales se rigen por dos principios fundamentales: el principio acusatorio penal y la presunción de inocencia, lo que busca garantizar un proceso justo, igualitario, transparente y en un plazo razonable, llevado a cabo por un tribunal independiente e imparcial, tal como lo establecen normativas como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

    Fundamentos de Derecho Procesal Penal:

    El Derecho Procesal Penal está basado en varios pilares fundamentales:

    • Garantías procesales: Busca proteger los derechos fundamentales de las personas involucradas en un proceso penal, incluyendo a la persona investigada o acusada. Estos derechos pueden incluir el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, entre otros.
    • Principio de legalidad: El Estado debe aplicar el derecho y sancionar a quienes cometan delitos, pero respetando siempre las normativas establecidas por la ley. Esto implica que ningún individuo puede ser castigado sin que exista una ley previa que establezca claramente la conducta como delictiva.

    Estructura del Derecho Procesal Penal:

    El proceso penal se divide en varias etapas:

    • Investigación: Se inicia con la comisión del delito y se desarrolla la recolección de pruebas para determinar la autoría y responsabilidad. Puede llevarse a cabo por parte de la policía, el Ministerio Público o fiscalía, y se busca recabar evidencia para sustentar la acusación.
    • Etapa Intermedia o de Juicio Oral: Se lleva a cabo ante un tribunal y es la fase en la que se discuten las pruebas recopiladas durante la investigación. Aquí se decide si el acusado debe ser enjuiciado y se establece la admisibilidad de las pruebas.
    • Sentencia: Es el momento en el que el tribunal emite una resolución sobre la culpabilidad o inocencia del acusado, en base a la evidencia presentada y los argumentos legales expuestos.

    Concepto de Jurisdicción y Competencia en el Derecho Procesal Penal:

    Jurisdicción:

    La jurisdicción es la potestad que tienen los órganos judiciales para conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado en un proceso penal. Este poder es exclusivo de los tribunales establecidos por la ley y asegura que se aplique el derecho en los casos pertinentes.

    • Características de la Jurisdicción:
    • Exclusividad: Solamente los órganos judiciales designados por la ley tienen esta facultad.
    • Inevitabilidad: Una vez que la jurisdicción se activa sobre un caso, es obligatorio seguir el proceso hasta su resolución.
    • Irrenunciabilidad: No se puede renunciar a la jurisdicción del órgano judicial establecido para un caso penal.

    Competencia:

    La competencia se refiere al límite en el cual un tribunal o juez tiene la facultad para ejercer la jurisdicción. Es la medida en la que un juez puede conocer, juzgar y resolver un caso penal específico.

    • Tipos de Competencia:
    • Objetiva: Se relaciona con la naturaleza del delito, determinando qué tipo de tribunal puede conocer del caso.
    • Territorial: Define el lugar geográfico donde se llevará a cabo el proceso penal.
    • Funcional: Establece qué juez o tribunal específico dentro de un sistema judicial es competente para conocer un caso.

    La delimitación de la competencia es vital para garantizar la imparcialidad, la agilidad y la eficacia del proceso penal, evitando conflictos y asegurando que cada caso sea llevado por el tribunal adecuado según lo establecido por la ley.

    Los órganos de la jurisdicción del Derecho Procesal Penal.

    En el sistema judicial penal de España, los órganos desempeñan roles específicos para garantizar la aplicación justa de la ley en casos criminales. Aquí está una expansión más detallada:

    1. Juzgados de Instrucción Son la primera etapa del proceso penal. Tienen la responsabilidad de dirigir la investigación de los delitos, determinar si hay indicios suficientes para abrir juicio y tomar decisiones sobre medidas cautelares, como arrestos provisionales o fianzas. Además, realizan diligencias como toma de declaraciones, recopilación de pruebas, autorización de registros y otras acciones para esclarecer los hechos.
    2. Juzgados de lo Penal: Una vez que se ha recopilado la información durante la investigación, los casos son enviados a los Juzgados de lo Penal si los delitos son considerados menos graves (con penas de hasta cinco años de prisión) o si involucran faltas. Aquí se celebra el juicio oral, se escuchan a las partes, se valoran las pruebas presentadas y se dicta una sentencia con la decisión de culpabilidad o inocencia, así como la imposición de penas si se considera culpable al acusado.
    3. Audiencia Provincial: Estas cortes actúan como tribunales de apelación para casos resueltos por los Juzgados de lo Penal. Tienen competencia para revisar las sentencias y, en algunos casos, para celebrar nuevos juicios cuando se apela una sentencia de un Juzgado de lo Penal. Además, juzgan delitos más graves que exceden la pena de cinco años de prisión y cuentan con secciones especializadas en diferentes materias.
    4. Tribunal Superior de Justicia: Son órganos judiciales de ámbito autonómico en España. Cada Comunidad Autónoma cuenta con su propio Tribunal Superior de Justicia, excepto en el País Vasco y Cataluña, que tienen sus propios sistemas judiciales.
    5. Audiencia Nacional: La Audiencia Nacional es un tribunal de máxima relevancia en España, encargado de abordar casos de especial trascendencia e interés nacional. Sus funciones son diversas y abarcan múltiples áreas del derecho.
    6. Tribunal Supremo: Como el órgano judicial de más alto nivel en España, el Tribunal Supremo tiene jurisdicción para resolver recursos de casación, que no revisan los hechos del caso, sino la correcta aplicación del derecho. También juzga aforados, como miembros del Gobierno, altos cargos, diputados, senadores y miembros de la judicatura. Además, puede unificar doctrina y resolver conflictos de competencia entre distintos tribunales.
    7. Tribunal Constitucional: Aunque no es exclusivamente penal, este tribunal desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos fundamentales. Puede conocer de recursos de amparo presentados por personas que alegan vulneración de sus derechos durante el proceso penal, garantizando la constitucionalidad de las actuaciones judiciales.

    Juzgados de Instrucción

    El Juzgado de Instrucción es una pieza fundamental en el sistema judicial penal de España. Aquí te detallo más sobre su funcionamiento:

    1. Fase de Investigación: Esta fase comienza cuando se presenta una denuncia o se tiene conocimiento de un posible delito. El Juzgado de Instrucción inicia las diligencias preliminares para determinar si hay suficientes indicios que justifiquen la apertura de un proceso penal. Esto puede involucrar la toma de declaraciones a testigos, la recopilación de pruebas, la orden de registros o la solicitud de peritajes.
    2. Adopción de Medidas Cautelares: Durante la investigación, el juez puede tomar decisiones sobre medidas cautelares para preservar pruebas o evitar riesgos, como el arresto provisional del acusado, la imposición de órdenes de alejamiento o la congelación de bienes. Estas medidas se toman con el objetivo de garantizar la efectividad del proceso y la seguridad de las partes involucradas.
    3. Control del Proceso de Investigación: El Juzgado de Instrucción supervisa todo el proceso de investigación, asegurándose de que se respeten los derechos de las partes y que se cumplan los plazos establecidos por ley. Además, tiene la potestad de solicitar nuevas pruebas o ampliar la investigación si considera necesario para esclarecer los hechos.
    4. Determinación de Apertura de Juicio Oral: Si tras la investigación se considera que existen suficientes pruebas para llevar el caso a juicio, el juez determina la apertura del juicio oral. Esto implica el traslado del expediente al Juzgado de lo Penal o a la Audiencia Provincial, dependiendo de la gravedad del delito.
    5. Decisión sobre el Archivo de la Causa: En caso de que la investigación no revele suficientes indicios de delito, el juez puede archivar la causa, dando por concluido el proceso penal. Esta decisión puede ser recurrida por las partes interesadas.

    El Juzgado de Instrucción es crucial en la etapa inicial del proceso penal, donde se recopilan pruebas, se analiza la viabilidad del caso y se toman decisiones fundamentales para determinar si un caso debe ser llevado a juicio. Su labor es clave para garantizar el debido proceso y el respeto de los derechos de todas las partes involucradas. Aquí se encuentran Juzgados de Violencia sobre la Mujer y de lo Mercantil

    Juzgados de lo Penal

    Los Juzgados de lo Penal representan una parte crucial del sistema judicial español, ya que se encargan de juzgar y resolver casos de menor gravedad en comparación con los delitos más serios que son llevados ante la Audiencia Provincial. Aquí tienes una ampliación detallada de su función y proceso:

    1. Recepción de Casos: Los casos que llegan a los Juzgados de lo Penal provienen de los Juzgados de Instrucción una vez que se ha completado la investigación y se han recopilado suficientes pruebas para sustentar una acusación por delitos con penas menores, generalmente hasta cinco años de prisión, así como también las faltas que están tipificadas en la ley.
    2. Inicio del Juicio Oral: Una vez que se acepta el caso, se inicia el juicio oral. Aquí, las partes involucradas presentan sus argumentos y pruebas ante el juez, quien evalúa la evidencia para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. Se escuchan testimonios de testigos, se analizan pruebas documentales y, en general, se intenta esclarecer lo sucedido.
    3. Garantía de Derechos: Durante el juicio, se garantizan los derechos de todas las partes involucradas, incluyendo el derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo y el respeto a la presunción de inocencia del acusado hasta que se demuestre su culpabilidad.
    4. Sentencia y Penas: Tras el juicio, el juez emite la sentencia. Si el acusado es encontrado culpable, se determinan las penas correspondientes según el tipo y la gravedad del delito. Estas penas pueden incluir multas, trabajos comunitarios o, en casos más serios pero aún dentro del ámbito de competencia de este juzgado, penas de prisión de hasta cinco años.
    5. Recursos de Apelación: Las partes involucradas tienen el derecho de apelar la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal ante la Audiencia Provincial. Este recurso busca una revisión más exhaustiva de la sentencia emitida, permitiendo así una segunda instancia para que un tribunal de mayor jerarquía revise el caso y, en ocasiones, celebre un nuevo juicio.

    Los Juzgados de lo Penal tienen un rol vital en la administración de justicia al tratar casos de menor gravedad, garantizando un proceso judicial eficiente y equitativo para resolver delitos castigados con penas menos severas. Su labor contribuye a la protección de los derechos individuales y a la aplicación justa de la ley en el ámbito penal.

    Audiencia Provincial

    Las Audiencias Provinciales en España son tribunales de segunda instancia con una importancia vital en el sistema judicial del país.

    1. División en Secciones: Las Audiencias Provinciales suelen estar divididas en secciones especializadas, cada una encargada de un área legal específica, como lo penal, civil, contencioso-administrativo o social. Estas secciones están compuestas por magistrados y se organizan para resolver los recursos de apelación correspondientes a cada materia.
    2. Competencia Penal: En el ámbito penal, las Audiencias Provinciales revisan las sentencias de los Juzgados de lo Penal y algunos otros juzgados especializados. Su función es resolver los recursos de apelación presentados contra estas sentencias, revisando tanto los aspectos de hecho como los de derecho.
    3. Competencia Civil: En asuntos civiles, las Audiencias Provinciales resuelven recursos de apelación provenientes de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción en casos de mayor cuantía o complejidad. Tienen la responsabilidad de revisar estas sentencias y decidir sobre su confirmación, revocación o modificación.
    4. Tribunal del Jurado: Las Audiencias Provinciales también presiden los juicios con jurado en su área territorial cuando se trata de delitos que requieren la participación del jurado popular en la resolución del caso penal.
    5. Funciones de Unificación Jurisprudencial: Además de resolver recursos de apelación, las Audiencias Provinciales contribuyen a la unificación de la jurisprudencia en su ámbito territorial. Es decir, buscan establecer criterios uniformes en la interpretación y aplicación de la ley para garantizar una mayor coherencia en las decisiones judiciales.
    6. Resoluciones y Efectos: Las decisiones de las Audiencias Provinciales son fundamentales, ya que sus resoluciones en los recursos de apelación tienen efectos vinculantes para los tribunales inferiores. Sus fallos son definitivos en la segunda instancia y pueden impactar directamente en la resolución de casos judiciales.

    Tribunal Superior de Justicia

    Los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) en España constituyen pilares fundamentales en la administración de justicia a nivel autonómico. Su estructura y funciones clave abarcan:

    1. Organización en Salas y Secciones: Los TSJ se organizan en diferentes salas y secciones especializadas. Cada una de ellas se dedica a áreas específicas del derecho, como lo civil, lo penal, lo contencioso-administrativo, lo social, entre otras. Esta división permite una gestión más eficiente y especializada de los casos dentro de la autonomía correspondiente.
    2. Funciones Jurisdiccionales Amplias: Tienen competencias extensas para resolver recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de los juzgados y tribunales de su territorio. Asimismo, algunos TSJ tienen atribuciones para conocer recursos de casación, aunque estos son limitados y específicos según la legislación vigente en cada comunidad autónoma.
    3. Funciones Normativas y de Unificación Jurisprudencial: Al igual que el Tribunal Supremo, los TSJ contribuyen a establecer criterios interpretativos y de aplicación del derecho a nivel autonómico. Sus sentencias y resoluciones sirven como referencia para la jurisprudencia dentro de su territorio, buscando la coherencia y la unificación de criterios jurídicos.
    4. Competencia sobre Aforados Autonómicos: En algunas comunidades, los TSJ tienen la competencia para juzgar aforados autonómicos, como miembros del gobierno regional, altos cargos de la administración autonómica, e incluso pueden estar encargados de juzgar a los miembros del parlamento autonómico.
    5. Preservación de la Autonomía Judicial: Además de su labor judicial, los TSJ garantizan la autonomía judicial dentro de la respectiva Comunidad Autónoma. Esto implica que tienen la facultad de gestionar y administrar sus propios recursos humanos y materiales, aunque en el marco de la legislación nacional.
    6. Vigilancia de la Justicia: Los TSJ ejercen un rol de supervisión sobre los juzgados y tribunales de su jurisdicción, asegurando la correcta aplicación de la ley y velando por el cumplimiento de los derechos y garantías de los ciudadanos en el ámbito autonómico.

    Audiencia Nacional

    La Audiencia Nacional despliega un papel crucial en la justicia española al abordar casos complejos, relevantes para la seguridad nacional o de dimensión internacional, con una estructura especializada que permite resolverlos con criterios unificados y asegurando la protección de los derechos de los ciudadanos.

    1. Jurisdicción Especializada y Amplia: La Audiencia Nacional tiene competencias en casos complejos y de relevancia especial para el país. Su ámbito de actuación se extiende más allá de las fronteras de una comunidad autónoma y aborda asuntos que afectan a toda España o tienen un carácter internacional, como delitos de terrorismo, crimen organizado, narcotráfico, corrupción, entre otros.
    2. Organización en Salas Especializadas: Está organizada en diferentes salas que se dedican a áreas específicas del derecho. Por ejemplo, la Sala de lo Penal, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la Sala de lo Social y la Sala de lo Mercantil. Cada una trata casos según su especialidad y complejidad.
    3. Competencias Penales Específicas: En materia penal, tiene competencia para juzgar delitos complejos y graves como terrorismo, delincuencia organizada, delitos económicos y financieros de gran envergadura, genocidio, crímenes contra la humanidad y otros delitos de relevancia internacional.
    4. Competencias Contencioso-Administrativas: En el ámbito contencioso-administrativo, resuelve conflictos entre los ciudadanos y la Administración Pública de especial relevancia, velando por la correcta aplicación del derecho administrativo y la protección de los derechos de los ciudadanos frente a las decisiones de los órganos administrativos.
    5. Competencias Mercantiles y Sociales: Asimismo, tiene competencia para resolver asuntos mercantiles de gran trascendencia y litigios laborales de especial complejidad y relevancia nacional.
    6. Función Normativa y de Unificación Jurisprudencial: Sus resoluciones establecen criterios y doctrina legal en su ámbito de actuación, siendo referencias vinculantes para otros tribunales inferiores y contribuyendo a la uniformidad y coherencia en la aplicación del derecho.
    7. Protección de Derechos Fundamentales: En casos de especial relevancia que involucren la protección de los derechos fundamentales, la Audiencia Nacional se encarga de garantizar su respeto y aplicación adecuada.

    Tribunal Supremo

    El Tribunal Supremo en España es el órgano judicial de mayor jerarquía y tiene una importancia fundamental en el sistema judicial del país.

    1. Jurisdicción: El Tribunal Supremo es la máxima instancia judicial en España y actúa como órgano de casación. Su función principal es asegurar la correcta interpretación y aplicación del derecho mediante la unificación de la jurisprudencia en todo el territorio nacional.
    2. Salas Especializadas: Está organizado en diferentes salas especializadas, cada una dedicada a áreas específicas del derecho, como la Sala de lo Penal, la Sala de lo Civil, la Sala de lo Contencioso-administrativo, la Sala de lo Social y la Sala de lo Militar.
    3. Competencia en Recursos de Casación: El Tribunal Supremo resuelve los recursos de casación presentados contra las resoluciones de las Audiencias Provinciales y otros tribunales superiores. Estos recursos no revisan los hechos del caso, sino que se centran en aspectos jurídicos y en la correcta interpretación y aplicación del derecho.
    4. Competencia sobre Aforados: Tiene jurisdicción para juzgar aforados, como miembros del Gobierno, altos cargos, diputados, senadores y miembros de la judicatura, entre otros. Actúa como tribunal competente en estos casos.
    5. Función Normativa: Además de su función judicial, el Tribunal Supremo también tiene una faceta normativa a través de la elaboración de doctrina legal. Sus sentencias y resoluciones contribuyen a establecer criterios que orientan la interpretación de la ley por parte de otros tribunales.
    6. Resoluciones Definitivas: Las decisiones del Tribunal Supremo son definitivas en los recursos de casación y tienen efectos vinculantes para los tribunales inferiores. Sus fallos marcan pautas y criterios que deben ser seguidos por los demás tribunales del país.
    7. Unificación de Doctrina: Una de las funciones más relevantes del Tribunal Supremo es la unificación de la doctrina jurisprudencial. Se busca que los criterios judiciales sean uniformes en todo el territorio español.

    Concepto de denuncia según Derecho Procesal Penal

    Es la declaración, verbal o por escrito, por la que se comunica a la autoridad cualquier hecho del que se tenga conocimiento y que pueda ser constitutivo de una infracción penal, aunque no lo haya presenciado directamente o no le haya ocasionado perjuicio.

    Quién puede denunciar:

    • Cualquier persona que sea testigo de un delito o tenga conocimiento de uno, aunque no lo haya presenciado directamente.

    Quiénes están obligados a denunciar:

    • Empleados o funcionarios públicos.
    • Personas que conozcan un delito debido a su cargo, profesión u oficio.

    Personas que no están obligadas a denunciar:

    • Menores de 16 años.
    • Aquellos que carecen de uso de razón.
    • Familiares cercanos del autor del delito: padres, ascendientes, cónyuge, hermanos, hijos o descendientes.
    • Abogados, procuradores, líderes religiosos, respecto a lo revelado en el ejercicio de su trabajo.

    Aspectos importantes:

    • Hacer una denuncia no implica responsabilidad adicional para el denunciante, no debe probar lo denunciado ni intervenir en el proceso judicial resultante.
    • Presentar una denuncia falsa constituye un delito grave contra la Administración de Justicia, sancionado penalmente.

    La Detención según el Derecho Procesal Penal

    La detención es cuando se limita la libertad de alguien con el propósito de presentarlo ante la justicia por haber cometido un crimen, según lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Española de 1978 y el artículo 489 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo especial de la detención es que, en ciertas circunstancias e incluso sin autorización judicial previa, puede llevarse a cabo por la Policía por su propia autoridad o por individuos particulares. Por esto, es importante distinguir entre:

    • Detención judicial: cuando se lleva a la persona ante un juez para decidir si debe ser encarcelada, puesta en libertad con o sin fianza.
    • Detención policial: cuando se presenta a la persona detenida ante la autoridad judicial.
    • Detención por particulares: cuando alguien entrega a otra persona a la Policía para ser presentada ante la autoridad judicial. Aunque también puede ser llevada directamente ante dicha autoridad por el particular.

    La detención, al ser una medida que restringe derechos fundamentales, debe cumplir con los requisitos legales de legalidad y proporcionalidad. Solo puede llevarse a cabo en los casos y de la manera establecida por la ley.

    Duración de la detención

    La detención no debería extenderse más allá del tiempo necesario para llevar a cabo las investigaciones destinadas a esclarecer lo sucedido.

    Generalmente, su máximo es de 72 horas antes de que la persona detenida sea presentada ante un juez (según el artículo 17.2 de la Constitución y el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

    En casos de delitos de terrorismo, es posible extender la detención por un tiempo adicional, hasta 48 horas más, siempre que se solicite esta prórroga dentro de las primeras 48 horas desde la detención y sea autorizada por un juez en las siguientes 24 horas (según el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).

    Durante un estado de excepción, la detención puede prolongarse hasta 10 días (según el artículo 16 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio).

    La obligación de detener

    El artículo 492 establece las situaciones en las que la autoridad o agente de la Policía judicial tiene la obligación de detener a alguien:

    1. En primer lugar, a cualquier individuo que se encuentre en alguna de las condiciones descritas en el artículo 490.
    2. A aquel que esté siendo procesado por un delito que, según el Código Penal, conlleve una pena mayor que la prisión correccional.
    3. Al procesado por un delito que tenga una pena inferior, si sus antecedentes o las circunstancias del crimen sugieren que no se presentará cuando sea requerido por la Autoridad judicial. No obstante, se excluye de esta disposición al procesado que ofrezca inmediatamente una fianza suficiente, a criterio de la Autoridad o agente que intenta detenerlo, para creer razonablemente que comparecerá cuando sea convocado por el Juez o Tribunal competente.
    4. A quien se encuentre en la situación descrita en el punto anterior, incluso si aún no está procesado, siempre que dos condiciones se cumplan: primero, que la Autoridad o agente tenga motivos suficientemente racionales para creer en la existencia de un acto con características de delito; segundo, que existan suficientes motivos para creer que la persona a ser detenida participó en dicho acto.

    Los derechos del detenido

    El Artículo 520 establece los derechos de las personas detenidas o bajo prisión provisional:

    1. La detención y prisión provisional deben realizarse de manera que cause el menor perjuicio al detenido en su persona, reputación y patrimonio. Las autoridades deben velar por sus derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen, respetando su libertad de información. La detención preventiva no debe exceder el tiempo necesario para investigar los hechos. En máximo 72 horas, el detenido será liberado o presentado ante la autoridad judicial.
    2. El detenido será informado, en un lenguaje comprensible, de los hechos atribuidos, las razones de su detención y sus derechos, incluyendo: a) Derecho a guardar silencio. b) Derecho a no declarar contra sí mismo. c) Derecho a un abogado y a ser asistido por él. d) Derecho a acceder a elementos de las actuaciones esenciales para impugnar su detención. e) Derecho a informar a un familiar o persona de confianza. f) Derecho a comunicarse telefónicamente con alguien de su elección. g) Derecho a ser visitado por autoridades consulares. h) Derecho a un intérprete, si es necesario. i) Derecho a ser examinado por un médico. j) Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y cómo hacerlo.
    3. Se debe informar al detenido del tiempo máximo legal de su detención y cómo impugnarla. Si no entiende el idioma, se le informará con la ayuda de un intérprete y se le entregará la declaración de derechos en un idioma que comprenda.
    4. Si el detenido es extranjero, se comunicará a su consulado su detención. Si es menor o tiene capacidad judicialmente modificada, se informará a sus tutores o representantes legales.
    5. El detenido puede elegir abogado, y si no lo hace, se le proporcionará uno. La autoridad informará al Colegio de Abogados sobre el abogado elegido o, de lo contrario, se designará uno del turno de oficio.
    6. La asistencia del abogado incluye solicitar información sobre derechos, participar en diligencias y entrevistarse con el detenido.
    7. Las comunicaciones entre el detenido y su abogado son confidenciales, con excepciones establecidas.
    8. En casos específicos, el detenido puede renunciar a la asistencia legal, siempre que se le informe adecuadamente.

    Artículo 520 bis: Este artículo se refiere a las personas detenidas como presuntos partícipes de ciertos delitos graves. Estas personas deben ser presentadas ante un juez dentro de las 72 horas siguientes a su detención. No obstante, puede extenderse la detención por un tiempo adicional para fines de investigación, hasta 48 horas más, si se solicita esta prórroga dentro de las primeras 48 horas y es autorizada por el juez en las siguientes 24 horas.

    Artículo 520 ter: Las personas detenidas en espacios marinos por cometer ciertos delitos específicos tienen derechos similares a los descritos anteriormente, siempre que sea compatible con los recursos disponibles a bordo. Deben ser puestos en libertad o presentados ante la autoridad judicial tan pronto como sea posible, dentro de un plazo máximo de 72 horas. Si no es posible llevar a los detenidos ante la autoridad judicial físicamente, se permite la presentación por medios telemáticos.

    Artículo 521: Los detenidos deben estar separados entre sí en la medida de lo posible. Si no es factible separarlos, se deben considerar factores como la edad, educación y naturaleza del delito al agruparlos. Evitando juntar a personas de diferente sexo o a reincidentes con no reincidentes o jóvenes.

    Artículo 522: Los detenidos pueden, si es posible y no compromete su seguridad, costearse comodidades u ocupaciones acordes con las reglas del lugar de detención.

    Artículo 523: Los detenidos pueden solicitar visitas de ministros religiosos, médicos, parientes o personas para recibir asesoramiento, siempre que no afecte el secreto sumarial. Además, la relación con su abogado defensor no puede ser restringida mientras estén en comunicación.

    Artículo 524: El juez instructor autorizará los medios de correspondencia y comunicación del detenido, siempre que no perjudique la investigación.

    Artículo 525: No se aplicarán medidas extraordinarias de seguridad a menos que sea necesario por desobediencia, violencia, rebelión o intento de fuga. Estas medidas deben ser temporales y limitarse al tiempo estrictamente necesario.

    Artículo 526: El juez instructor visitará las prisiones semanalmente para conocer la situación de los detenidos y tomar medidas para corregir posibles abusos.

    Artículo 527: Se pueden restringir los derechos del detenido, como designar abogado, comunicarse con algunas personas o mantener entrevistas privadas con su abogado, en circunstancias específicas. La restricción de estos derechos requiere una orden judicial debidamente motivada y control efectivo del juez sobre la situación del detenido.

    El procedimiento de hábeas corpus en el Derecho Procesal Penal

    El objetivo principal del «Habeas Corpus» es proporcionar soluciones rápidas y efectivas en casos donde una persona ha sido detenida sin justificación legal o está siendo mantenida en condiciones ilegales. En esencia, el «Habeas Corpus» implica la comparecencia del individuo detenido frente a un juez. Esta expresión, de origen etimológico, da nombre al procedimiento y brinda la oportunidad al ciudadano privado de libertad de exponer sus argumentos contra las razones de su detención o las condiciones en las que se encuentra detenido. El propósito es que el juez decida, en última instancia, si la detención está de acuerdo con la ley.

    Principio del formulario

    El proceso comienza con una solicitud detallada que puede ser presentada por la persona detenida, sus familiares directos, representantes legales, el Ministerio Fiscal o el Defensor del Pueblo. Además, el Juez competente puede iniciar este procedimiento de forma independiente si tiene conocimiento de una detención ilegal.

    En esta solicitud inicial, no es necesario contar con la representación de un abogado o procurador. Se detallan los datos relevantes sobre la detención, como el lugar, las autoridades a cargo y los motivos específicos que fundamentan la solicitud del «Habeas Corpus».

    Una vez presentada la solicitud, las autoridades responsables de la custodia de la persona detenida ilegalmente tienen la obligación de informar al Juez de manera inmediata. Esta notificación es crucial para que se tomen medidas rápidas y efectivas.

    El Juez competente evalúa la solicitud y puede dar lugar al proceso o rechazarla. En caso de aceptación, ordena que la persona detenida sea llevada ante él sin demora, brindándole la oportunidad de expresar su situación. Luego, el Juez revisa todas las circunstancias y escucha a las partes involucradas antes de tomar una decisión. Esto debe ocurrir en un plazo máximo de veinticuatro horas desde que se inicia el proceso.

    Las resoluciones del Juez pueden variar. Si se determina que no existe una detención ilegal, el caso se archiva. Por otro lado, si se confirma la detención ilegal, se puede ordenar la liberación inmediata o establecer condiciones de detención acordes a la ley, además de disponer la presentación inmediata ante el juez si se excede el tiempo legal de detención. Todo ello garantizando el respeto por los derechos y el cumplimiento de las normativas legales vigentes.

    Funciones del Ministerio Fiscal según Derecho Procesal Penal

    El Ministerio Fiscal, guiado por los principios de legalidad y equidad, desempeña sus funciones conforme a lo establecido en la normativa y el sistema jurídico del país.

    Su labor se enfoca en atender al interés social a través de la defensa de la legalidad y el interés público, participando principalmente en los Tribunales de Justicia en diferentes áreas, como penal, civil, contencioso-administrativo y social.

    Dentro de las funciones definidas en el Estatuto del Ministerio Fiscal, se destacan:

    • Garantizar que la administración de justicia se lleve a cabo de manera efectiva, respetando las leyes y los plazos establecidos, utilizando las acciones y recursos necesarios.
    • Proteger la independencia de los jueces y tribunales, ejerciendo las funciones que la ley les asigna para este propósito.
    • Velar por el respeto de las instituciones constitucionales, los derechos fundamentales y las libertades públicas, actuando en su defensa cuando sea necesario.
    • Iniciar acciones legales, tanto penales como civiles, en relación con delitos y faltas, oponiéndose a las acciones de otros cuando sea pertinente.
    • Intervenir en procesos penales, solicitando medidas cautelares adecuadas y realizando investigaciones para esclarecer los hechos, incluso dirigiendo procedimientos relacionados con la responsabilidad penal de menores.
    • Participar en procesos legales relacionados con el estado civil y otros determinados por la ley, siempre en defensa de la legalidad y el interés público o social.
    • Velar por la protección procesal de las víctimas y la seguridad de testigos y peritos, facilitando su asistencia y apoyo efectivos.
    • En el ámbito de la responsabilidad penal de menores, actuar de acuerdo con la legislación específica y con el objetivo de proteger el interés superior del menor.
    • Facilitar o colaborar en la asistencia judicial internacional según lo establecido en las leyes, tratados y convenios internacionales.

     La Policía Judicial en Derecho Procesal Penal.

    La función de policía judicial en Derecho Procesal Penal

    1. Los agentes policiales deben cooperar con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal para investigar delitos y detener a los responsables, siempre dentro de los límites de su autoridad y cumpliendo con las normativas legales establecidas.
    2. Actúan cuando se les solicita por las autoridades judiciales, fiscales o sus superiores, y también pueden iniciar investigaciones bajo supervisión o por iniciativa propia, aunque esto último se hace siguiendo ciertos procedimientos.
    3. En situaciones urgentes o cuando no hay unidades especializadas disponibles, los agentes pueden realizar investigaciones, asegurándose de no exceder los límites de su área legal y territorial.
    4. Cuando se enteran de un posible delito, los agentes deben tomar medidas preliminares, como asegurar la escena y los objetos relacionados, y reportarlo todo a las autoridades correspondientes, siguiendo los procedimientos legales establecidos.
    5. Si un juez o fiscal asume una investigación que los agentes han iniciado, estos deben entregar toda la información, pruebas y objetos relacionados con el caso a esas autoridades para su continuación, manteniendo la cadena de custodia y respetando el debido proceso.

    Dependencia funcional en el Derecho Procesal Penal

    1. Las unidades de Policía Judicial y sus integrantes están bajo la autoridad funcional de los jueces, tribunales o fiscales que dirigen las investigaciones penales, garantizando que sus acciones se adhieran a las instrucciones legales y las órdenes recibidas.
    2. Los funcionarios policiales comisionados por la autoridad judicial o fiscal deben obedecer las directrices y órdenes recibidas, sin contradecir las instrucciones iniciales.
    3. Deben informar sobre el desarrollo y los resultados de las investigaciones a las autoridades judiciales o fiscales que las ordenaron, siguiendo sus indicaciones sobre la forma y el contenido de los informes.
    4. Cuando actúan bajo la supervisión de jueces, tribunales o fiscales, los funcionarios de la Policía Judicial pueden solicitar ayuda de otras autoridades o individuos, manteniendo su papel como comisionados de esas autoridades judiciales.
    5. Las acciones de las unidades de Policía Judicial tienen un reconocimiento legal especial debido a su vinculación con jueces, tribunales y fiscales.
    6. Los funcionarios de estas unidades deben mantener estricta confidencialidad sobre el progreso y los resultados de las investigaciones, salvo instrucción contraria de las autoridades competentes, permitiendo el intercambio interno de información para una mejor coordinación.
    7. No pueden ser removidos o apartados de una investigación sin la autorización de la autoridad judicial o fiscal correspondiente, a menos que existan razones legales para su cese, informando sobre ello a dichas autoridades.
    8. Los jueces o fiscales a cargo de estas unidades pueden iniciar procedimientos disciplinarios si consideran que la conducta de los funcionarios merece sanción, pudiendo realizar investigaciones reservadas en esos casos y participando en el proceso disciplinario.

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